El aeropuerto de Castellón no tiene gasolinera para los aviones

El aeropuerto de Castellón no tiene gasolinera para los aviones

Vista general del Aeropuerto de Castellón | Eugenio Torres.

El aeropuerto de Castellón es una caja de sorpresas inagotable. Todo lo imaginable es posible y arrolla los esfuerzos de la Administración por acelerar la puesta en servicio de una infraestructura llamada a dinamizar la economía con la potenciación del sector turístico.

Antes de que se produzca la apertura y pueda recibir los primeros aviones de turistas, la sociedad pública Aerocas deberá resolver un contratiempo complejo: las obras de la gasolinera de las aeronaves aún están por hacer.

Por increíble que resulte, el complejo aeronáutico de Castellón cuenta con todas las dotaciones necesarias para dar servicio a las flotas de aviones, pero carece de un servicio elemental para la funcionalidad de un aeropuerto como las instalaciones de repostaje.

El proyecto de construcción del aeropuerto al que se ajustó la ejecución de la infraestructura sí incluyó el depósito de combustible y otra serie de equipamientos.

Sin embargo, los trabajos contemplados nunca se llegaron a desarrollar. Los atrasos de la Generalitat en la liquidación de las obras realizadas por la constructora contratada por Concesiones Aeroportuarias vició la fase final de las obras. De hecho, cuando se produjo la polémica inauguración a finales de marzo del lejano 2011 ni siquiera había comenzado la obra de la gasolinera de los aviones, que quedó pendiente entre las obligaciones de Concesiones Aeroportuarias en el periodo de tramitación de los permisos hasta que se produjera la apertura, aún pendiente a día de hoy.

Durante ese lapso de tiempo en que el aeropuerto preparaba los trámites para lograr la autorización en Madrid y su puesta en servicio se produjo la ruptura de relaciones entre Aerocas, sociedad pública controlada por la Generalitat, y Concesiones Aeroportuarias, la empresa privada que había desarrollado la infraestructura para explotarla durante varias décadas.

La Administración autonómica alegó que las cantidades económicas contempladas en el contrato de explotación eran excesivamente beneficiosas para el gestor privado y optó por la ruptura unilateral del contrato.

Fuente y leer: ElMundo

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